28 de enero de 2023

MUNICIPIO DE OSORNO DEVOLVERÁ CUESTIONADOS DINEROS A MINVU

There is a Mobile Optimized version of this page (AMP). Open Mobile Version.

Desde hace dos años, Osorno no puede postular al Programa del Ministerio de Vivienda, «Quiero mi Barrio«. La razón de esta imposibilidad radica a que tanto la Justicia como la Contraloría General de la República investiga a una funcionaria municipal por supuesto fraude al Fisco con fondos públicos de ese programa.

Los hechos cuestionados datan desde el año 2017 cuando el Gobierno traspasó dineros al Municipio para ejecutar dicho programa en sectores de Rahue Alto y Francke. Según señala la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso «Quinta Dimensión«, entre los hechos cuestionados se encuentra la contratación de una empresa para la realización de un seminario el 28 de julio de 2017, por un monto de $5.985.700, pagado en agosto del mismo año.

La misma empresa «por concepto de actividades en terreno y lanzamiento del programa», recibió un nuevo pago por la suma de $4.176.900, el 9 de agosto de 2017. Por último, se vuelve a requerir a la empresa para «el evento de celebración del hito de cierre parte I, Barrio Entre Lagos, conmemoración 3 años de trabajo del programa Quiero mi Barrio, generándose con fecha 16 de agosto de 2017, la orden de compra por un monto de $4.254.250″, pagados el 22 de agosto de 2017.

La investigación señala que estos tres eventos, fueron gestionados por la entonces encargada del programa estatal Lorena Rosas, los cuales nunca se realizaron y se justificaron con documentos ya presentados en pagos anteriores o adulterados. En el texto legal, se explica que se presentaron «documentos de respaldo de las supuestas actividades ejecutadas que, sin embargo, ya habían sido incluidos y considerados para dar curso a decretos de pagos anteriores, constatándose, además, que con dichos recursos se pagó una deuda personal de la funcionaria encargada del referido programa a una persona que no trabajó con la empresa referida«.

En otros de los pagos se establece que se respaldan «–en realidad- a fotocopias de fichas de iniciativas sociales que se habían incorporado como antecedentes sustentatorios de los decretos de pago anteriores… verificándose que las señaladas fichas se encontraban modificadas en las fechas, nombre de las obras y de quien dirige la actividad, objetos y métodos».

Finalmente, la querella presentada por la CGR señala que «los antecedentes reunidos durante la investigación se observa que la documentación soportante que respalda (uno de los) decreto de pago, recabada y proporcionada por la querellada, se encuentra en fotocopia de fichas de iniciativas sociales, las que, comparadas con sus originales, permitió determinar lo siguiente:

  • Que las fichas de iniciativas sociales originales y comparadas con las fotocopias adjuntas como respaldo al decreto de pago se encontraban modificadas en las fechas; nombre de las obras y de quien dirige la actividad, objetivos y métodos.
  • Que las fotografías adjuntas al citado decreto de pago, corresponden a actividades que ya se habían ejecutado y pagado con anterioridad e incorporadas como antecedentes de respaldo en los decretos de pago de 27 de marzo, y 2.624, de 2 de mayo, ambos del 2017.
  • En suma, a través de las maniobras descritas, ejecutadas por la querella, se pagaron actividades que no se realizaron, justificándose con documentos ideológicamente falsos, irrogándose un perjuicio fiscal ascendente a $ 14.416.850.

DINEROS FUERON RESTITUIDOS POR EL MUNICIPIO:

Según publica el Diario Austral en su edición del domingo 24 de mayo, el Concejo Municipal decidió devolver 15 millones de pesos al Minvu y así acatar lo instruido por la Contraloría, lo que a su vez permitirá que Osorno pueda volver a postular a este programa que asigna cerca de 800 millones de pesos para obras de mejoramientos en barrios.

Lo anterior trajo una discusión entre concejales y el alcalde, pues si bien coincidían en la importancia de devolver esos dineros y poder volver a beneficiar a los vecinos con ese programa estatal, existía aún una investigación penal en curso que sindica a una persona, que aún trabaja en el municipio, como responsable. Ante esto, Bertin afirmó que se debe mantener la presunción de inocencia, toda vez que no existe condena judicial.