9 de febrero de 2023

JUSTICIA ORDENA INDEMNIZAR A ALUMNO OSORNINO QUE SUFRIÓ TRAUMA OCULAR

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La Corte Suprema mantuvo la sentencia que condenó a la Municipalidad de Osorno a pagar una indemnización total de $5.048.000 (cinco millones cuarenta y ocho mil pesos) a menor que sufrió un trauma ocular al recibir una pedrada durante un recreo en la escuela municipal Ricardo Sánchez, en noviembre de 2012, rechazando así el recurso de casación interpuesto por el municipio, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Según la demanda, el hecho afectó a un menor de 10 años, quien durante un recreo recibe «un golpe en su ojo izquierdo ocasionado por una piedra lanzada por otro estudiante, provocándole un severo trauma ocular y lesión retinal en el órgano mencionado, a lo que se une que, debido a una patología congénita, el niño ya registraba una disminución de un 90% en la visión de su ojo derecho».

El demandante reclama que el municipio incurrió «en falta de servicio por mal funcionamiento del órgano, al no contar con personal docente o paradocente vigilando la actividad de los alumnos, sea presencialmente o a través de las cámaras de seguridad con que cuenta la escuela».

Explica el texto legal que, en su oportunidad, la casa edilicia argumentó la prescripción de la causa pues «la notificación válida de la demanda se produjo el 3 de marzo de 2017, por lo que, habiendo acaecido el hecho dañoso el 13 de noviembre de 2012, a la época de producirse el emplazamiento el término previsto en el artículo 2332 del Código Civil había expirado».

Por su los juristas argumentaron que «la sentencia de primera instancia, disintiendo de la teoría de la demandada, rechazó la excepción de prescripción bajo el entendido que la notificación de la demanda se había ejecutado el 10 de noviembre de 2016, antes del vencimiento del plazo invocado por la defensa. Acto seguido, rechazó cada una de las demás alegaciones vertidas en la contestación, decidiendo acoger la demanda condenando a la Municipalidad de Osorno a pagar a $48.000 por daño emergente y $5.000.000 por daño moral, sin costas».

Finalmente, la Corte Suprema, establece que «se lee que el 24 de octubre de 2016 fue presentada la demanda. Consta que el 10 de noviembre de 2016 se notificó la demanda al representante legal de la demandada, el alcalde Jaime Bertín Valenzuela. Oficiosamente el tribunal dejó sin efecto la notificación indicada en el literal precedente, al haberse ejecutado encontrándose pendiente de proveer un escrito que modificaba la demanda solicitando tener por acompañados ciertos documentos junto a ella», por tanto «es indesmentible que la demanda primitiva fue notificada personalmente el 10 de noviembre de 2016, en forma legal, y que su ampliación fue notificada personalmente el 3 de marzo de 2017, también en forma legal”.

«Que, reseñado lo anterior, es necesario destacar que la existencia de la actuación de 10 de noviembre de 2016 constituye una circunstancia fáctica no discutida, establecida por el tribunal e, incluso, reconocida por la propia recurrente, quien en su arbitrio afirma expresamente que ‘en el proceso se efectuaron dos notificaciones de la demanda…‘ (…) por otro lado, el desarrollo argumental de la excepción opuesta por la Municipalidad de Osorno se erige sobre la base de entender que, conforme a la doctrina clásica sobre la materia, el plazo de prescripción extintiva se interrumpe con la notificación de la demanda», sostiene el fallo.

Para el máximo tribunal: «cualquiera sea la posición que se tenga sobre este último aspecto, lo cierto es que el presente arbitrio no podrá prosperar pues se opone a los hechos reconocidos por la propia demandada, asentados por los jueces del grado y que, por consiguiente, resultan inmodificables para este tribunal de casación».