Entrevista a Francisco Reyes Castro: Centralismo, Presupuesto y el Futuro de la Región de Los Lagos
El periodista Francisco Reyes Castro vive su tercer periodo en el Consejo Regional de Los Lagos. Su mirada crítica sobre decisiones centralistas ha transcendido gobiernos e ideologías. Fue electo por votación popular por primera vez en el periodo del intendente Harry Jürgensen; reelecto en el periodo del gobernador Patricio Vallespín; y en éste, su último periodo, tras ser nuevamente reelecto, comparte sala y discusión con el gobernador Alejandro Santana.
Del segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, pasando por el ex mandatario Gabriel Boric y hoy con José Antonio Kast a la cabeza del Gobierno, Francisco Reyes insiste en apelar a los liderazgos locales en colaboración para hacer frente al “tutelaje” del nivel central, pero a la vez, para contrastar con argumentos las actuales decisiones económicas erradas que hoy tienen al país y a la región en un punto de inflexión.
– Consejero, desde el Ministerio de Hacienda se ha hablado de un proceso de «ajuste fiscal necesario». ¿Cómo evalúa usted el impacto de estas medidas en las regiones?
Primero que todo, llamemos a las cosas por su nombre: lo ejecutado por el Ministerio de Hacienda no son ajustes, son recortes directos al presupuesto en áreas de extrema sensibilidad social. Estamos hablando de golpear la salud pública, el emprendimiento femenino rural, la vivienda, la educación y la primera infancia.
Estos recortes han inmovilizado a ministerios clave, dejándolos sin directriz estratégica, sumidos en una permanente contradicción y con nula responsabilidad hacia la ciudadanía.
Bajo la falacia de que «con menos se puede hacer más», el nivel central demuestra que no entiende la profundidad de los principios de eficiencia e inversión pública que promueven los países de la OCDE. La verdadera eficiencia fiscal exige anticipación, coordinación y gobernanza; nunca la paralización por austeridad. Aquí se está aplicando un mal experimento de supuesto «chorreo» de la inversión privada que jamás ha sido contrastado con la realidad. Con el país y con el bienestar de las regiones no se puede especular».
– ¿Cómo se traduce esta situación en la planificación de la inversión para nuestra región?
Lo vi con total claridad en el análisis del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) sectorial: hay un congelamiento evidente de la iniciativa ministerial, nulas señales de innovación y un portazo a la autonomía en la toma de decisiones desde el territorio. Existe un temor extremo a salirse de una pauta de supuesta austeridad impuesta desde Santiago.
Este escenario inyecta una enorme incertidumbre a nivel local. Ante el déficit de sus propias carteras, los ministerios ahora pretenden apelar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para financiar lo que a ellos ya no les alcanza, restando recursos que pertenecen a los municipios y las comunidades.
En la región, los ministerios no han sido capaces de repensar sus argumentos de resignación, una postura que hemos visto repetirse de manera preocupante durante todo mayo y junio tras la instalación del Gobierno».
– Además del freno a la inversión pública, usted ha sido crítico con el impacto socioeconómico de estas decisiones en el día a día de las familias. ¿Cuáles son los riesgos mayores?
Es que a la paralización pública se le suma un aumento sostenido en el costo de la vida mediante medidas abiertamente regresivas. Elevar de golpe el valor a los combustibles —que ya es alto— y pretender rebajar tributos cuando lo que se requiere es mayor recaudación de los sectores privados con más ganancias, es un contrasentido. Tampoco se ha considerado el impacto de estas alzas en rubros estratégicos que generan empleo local, como el transporte, el comercio y la construcción.
El Gobierno insiste en el relato de que asumieron el control del país en medio de una emergencia, cuando en realidad la emergencia la están provocando ellos mismos con el diseño de sus políticas. Lo peor de todo es que el costo de este diseño ideológico lo terminan pagando las familias más humildes, que hoy más que nunca necesitan de un Estado protector y fuerte, no de uno mermado y ausente».
– Si aterrizamos este diagnóstico en la provincia de Osorno, ¿cuáles son las consecuencias tangibles de este centralismo?
En la provincia de Osorno los efectos ya son sumamente graves. Hay una demora intencionada en la definición de la propuesta de terreno para el futuro Hospital de Alta Complejidad en Rahue. Seamos claros y técnicos en esto: si no hay terreno, no habrá diseño, y mucho menos ejecución. El Gobierno está trabando burocráticamente un proceso que ya había partido y que requiere certezas en sus etapas previas.
Asimismo, vemos una ausencia alarmante de nuevas obras estratégicas. Seguimos esperando la concreción del nuevo Paso Fronterizo Cardenal Samoré y la dilación de la doble vía desde Osorno a la frontera parece del todo intencional. Con esto, Santiago le está restando fuerza y competitividad a las virtudes geopolíticas de nuestra provincia como un paso clave de integración y desarrollo.
Por otro lado, vemos con preocupación cómo los municipios corren el riesgo de caer en la resignación, proyectando iniciativas de bajo impacto y asumiendo al FNDR como su solitaria y exigua fuente de financiamiento».
– Frente a este escenario, ¿cuál debe ser la hoja de ruta para el desarrollo regional de aquí al 2030?
El desarrollo político y económico de nuestra región exige una reorientación urgente y una señal de firmeza. El Gobierno central no puede seguir podando el presupuesto regional ni las carteras de protección social. La particularidad geográfica e histórica de nuestra región, con sus cuatro provincias, nos obliga a articular una defensa férrea frente a este centralismo que ha regresado con fuerza a instalarse en las regiones.
Somos un territorio con una altísima tasa de ruralidad, compuesto por valles, costa, lagos, mar, cordillera e islas. Esta diversidad exige ministerios potentes en las regiones que garanticen conectividad, fomento productivo y derechos sociales básicos. Hoy tenemos industrias extractivistas que requieren una regulación mucho más estricta, no una desregulación disfrazada de crecimiento. Tenemos vocaciones productivas claras, pero nos faltan banderas institucionales de sustentabilidad que sean visibles. Crecer económicamente no garantiza el desarrollo humano integral; es ahí donde radica la verdadera tarea de la política y de la gestión pública con identidad territorial».
Imagen: Gore Los Lagos.
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