Un autor confeso, una joven desaparecida y más de 15 años de espera. La impunidad no comienza solamente cuando un crimen queda sin condena. También opera cuando una desaparición no es investigada con la urgencia necesaria, cuando los prejuicios pesan más que las evidencias, cuando se sospecha primero de la conducta de la víctima y cuando las investigaciones pierden fuerza hasta quedar relegadas al olvido.
Por: Victoria Barria Torres. Periodista
La confesión de un hombre que asegura haber participado en la muerte de Mariana Sepúlveda, desaparecida hace 18 años, vuelve a abrir una pregunta que Chile todavía no ha sido capaz de responder: ¿cuántas familias han tenido que esperar años, incluso décadas, para saber qué ocurrió con sus seres queridos?
Mariana se suma a una larga lista de mujeres desaparecidas cuyos nombres siguen esperando respuestas: Haspér del Río Nactoch, en Osorno; Claudia Agüero, en Puerto Montt; María Ercira Contreras, en Limache; Catalina Álvarez, en Copiapó; Paola Alvarado, en Curacautín; Tanya Anciares, en Calama; Marcela Mardones, en Valdivia; y Mariela Barra, en Puerto Montt, entre muchas otras.
Pero hay algo más que debemos decir: en Chile, no todas las víctimas han sido miradas de la misma manera por las instituciones. El caso de Alto Hospicio es una muestra dolorosa de cómo los prejuicios sociales y económicos pueden terminar condicionando una investigación.
Angélica, Deisy, Gisela, Graciela, Ivonne, Katherine, Laura, Macarena, Macarena, Ornella, Patricia, Sara y Viviana fueron mujeres y niñas cuyas desapariciones estuvieron acompañadas por sospechas y prejuicios. Durante un tiempo se llegó a sostener que algunas simplemente habían abandonado sus hogares y que incluso podían haber optado por la prostitución.
Porque eran pobres.
Ese razonamiento resulta brutal: como si pertenecer a una familia trabajadora, vivir en una población o encontrarse en una situación de vulnerabilidad hiciera menos posible que una mujer fuera víctima de un delito.
Ser pobre nunca puede significar ser menos víctima.
Cuando una desaparición se interpreta desde los prejuicios, se pierde algo que puede ser irrecuperable: tiempo. Y en una desaparición, las primeras horas y los primeros días pueden ser decisivos.
Por eso, el caso de Mariana Sepúlveda no puede ser visto como un hecho aislado. También nos obliga a mirar las investigaciones que quedaron debilitadas, olvidadas o que nunca tuvieron la respuesta que las familias esperaban.
Porque mientras las instituciones pueden cerrar expedientes o cambiar prioridades, las familias no pueden cerrar sus vidas. Permanecen en una espera permanente, en un duelo que no termina porque no existe verdad.
La justicia no debería depender de una confesión ocurrida 18 años después. Debe actuar desde el primer día, con todos los recursos disponibles y sin clasismo, prejuicios ni indiferencia.
Una mujer desaparecida no puede desaparecer también de las prioridades del Estado.
Mariana nos recuerda a todas las que todavía faltan. Y mientras sus familias sigan esperando, Chile seguirá teniendo una deuda con ellas: verdad, justicia y memoria.
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