A cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los tribunales de la jurisdicción Valdivia han ordenado el pago de más de $112 mil millones mediante los procedimientos especial y extraordinario. La cifra representa un incremento de 22,4% respecto del monto informado en noviembre de 2025.
El 18 de noviembre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, estableciendo un mecanismo destinado a promover el cumplimiento de esta obligación y fortalecer las herramientas para el pago efectivo de las pensiones adeudadas. A cuatro años de su implementación, el Poder Judicial registra a nivel nacional 728.700 inscripciones ordenadas, de las cuales 352.056 han sido canceladas, manteniéndose vigentes 376.644, asociadas a una deuda de $54.833.093.126.
En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que comprende los tribunales de las regiones de Los Ríos y la provincia de Osorno, se han ordenado pagar $112.156.457.198 a través de los procedimientos especial y extraordinario establecidos en la legislación. De este monto, $34.036.570.443 corresponden al procedimiento especial y $78.119.886.755 al extraordinario. La cifra representa un aumento de aproximadamente $20.522 millones (22,4%) respecto de los $91.634.128.845 informados en noviembre de 2025, lo que da cuenta del avance en la aplicación de los mecanismos judiciales destinados a hacer efectivo el pago de las obligaciones alimenticias.
En cuanto al Registro Nacional de Deudores, los nueve tribunales que integran la jurisdicción Valdivia mantienen 14.865 envíos activos, equivalentes al 3,95% del total nacional. Entre ellos, destacan el Juzgado de Familia de Osorno, con 5.560 registros, y el Juzgado de Familia de Valdivia, con 3.820. Les siguen los juzgados de Letras y Garantía de Mariquina (1.132), Río Bueno (953), La Unión (893), Panguipulli (866), Los Lagos (761), Paillaco (631) y Río Negro (249).
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Karina Ormeño, destacó la importancia de la labor que desarrollan los tribunales de familia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El pago de las pensiones de alimentos no es solamente una obligación legal, sino que constituye una responsabilidad fundamental para garantizar el bienestar, desarrollo y dignidad de niños, niñas y adolescentes”, señaló.
Además, la ministra Ormeño recordó que
Como Poder Judicial, tenemos el compromiso de utilizar las herramientas que nos entrega la legislación para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de este derecho, fortaleciendo el trabajo de nuestros tribunales y contribuyendo a que las obligaciones alimenticias no queden únicamente establecidas en una resolución judicial, sino que se traduzcan efectivamente en recursos para quienes los necesitan”.
La tendencia indica que cerca del 95% de las personas inscritas a nivel nacional en el Registro de Deudores son hombres, una realidad que evidencia la mayor carga económica que enfrentan las mujeres ante el incumplimiento de las obligaciones parentales.
Por: Comunicaciones Poder Judicial.
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